Abstract
El énfasis del tratamiento normativo de las tarjetas de crédito en el deber de información desconoce importantes aspectos conductuales y asume que el consumidor puede proyectar adecuadamente sus ingresos y gastos para ponderar los efectos de su elección en su economía personal. Tal modelo potencia el riesgo de sobreendeudamiento, lo que afecta al deudor y grava todo el sistema económico. Para promover una mejor respuesta, se pretende explorar la posibilidad de construir un sistema de “préstamos responsables”, y, como primer paso, reconocer un deber de asesoría que se despliegue en la fase precontractual y durante toda la vigencia del contrato.