Abstract
La reforma constitucional de 1994 introdujo cambios en la regulación del amparo en la Argentina, entre las que se destaca el empoderamiento otorgado a las asociaciones civiles para litigar en defensa de derechos colectivos. Sin una normativa legal adecuada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó mecanismos procesales, mediante su actividad jurisdiccional y haciendo uso de sus facultades regulatorias, para que estas personas jurídicas impulsen acciones judiciales de tutela individual homogénea para derechos completamente divisibles e independientes. En este trabajo se relevan los hitos más importantes del camino recorrido por la Corte y se realiza un análisis crítico de este a la luz del ordenamiento jurídico vigente.