Abstract
Durante 2020, en medio de la pandemia originada por el virus COVID-19, se ha generado una preocupación de la rama ejecutiva de gobierno por la detección de problemas de funcionamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina. Ello podría propiciar iniciativas legislativas acordes. Empero, estimamos que la propia competencia reglamentaria de ese Tribunal basta para llevar a cabo las tareas de autodiagnóstico e implementación de soluciones enderezadas a sobrellevar muchos de los problemas que pueden visualizarse en el trabajo interno de la Corte Suprema. A los fines de sustentar la propuesta, en el presente artículo se indaga en las fuentes de rango constitucional e infraconstitucional de la mencionada potestad, a los fines de delinearla, fijar sus limitaciones y precisar, en el caso de estas últimas, sus dos vertientes delegantes posibles: (i) leyes que establezcan estructuras y sus competencias; y (ii) leyes que fijen los procedimientos. A partir de allí, se repara en la experiencia comparada y se propician las conclusiones finales.